La democracia directa es contraria a la pluralidad inherente a toda sociedad. Por el contrario, este régimen político necesita la eliminación o destrucción de lo heterogéneo y el establecimiento de la homogeneidad en tanto consumación de la igualdad sustantiva que esta lleva aparejada. La homogeneidad es una necesidad de la democracia, pues la implantación de una identidad sustancial común es lo que permite la identificación de un interés común sobre el que se basa el funcionamiento de la democracia.
La democracia directa fundamenta su igualdad en una desigualdad. Esto quiere decir que la base de la igualdad de quienes forman parte de este régimen, es decir, quienes ostentan derechos políticos, es la exclusión de una parte de la población de la comunidad política. La democracia es un sistema de gobierno que establece su propio exclusivismo, lo que significa que sólo una porción de la población, aquellos que comparten una identidad sustantiva, son quienes tienen derecho a participar en los asuntos políticos. El universalismo que pregona la democracia y que se le atribuye es, por tanto, limitado a un sector específico de los habitantes de un lugar.
Quienes no comparten la identidad sustantiva de la comunidad no sólo son excluidos de la participación política, sino que son considerados la negación existencial de la identidad sobre la que se fundamenta la comunidad. Esto implica la construcción del Otro como un enemigo que recibe muchos y muy diferentes nombres, razón por la que en ocasiones son llamados los bárbaros, los no civilizados, los contrarrevolucionarios, etc. Estas personas están privadas de toda clase de derechos y no pueden participar en el poder político de la democracia directa, es decir, en la asamblea popular soberana. Así es como la igualdad se circunscribe a un sector muy específico de la población al presentar características idénticas en un ámbito concreto. Por esta razón, la democracia directa, y la democracia en general, nunca es algo universal en lo que respecta a las personas que sí están habilitadas para participar en los asuntos públicos.
La homogeneidad social es un prerrequisito de la democracia directa, lo cual es reflejado en el pensamiento político de Rousseau. La democracia exige la eliminación de la pluralidad. Esto se debe a que el concepto esencial de la voluntad general sólo es posible donde existe homogeneidad, es decir, allí donde impera la unanimidad. De otra manera no es factible establecer un interés común a partir del que configurar la voluntad general. No puede haber, entonces, partidos ni cualesquiera otros intereses particulares, de tal modo que el interés de la comunidad política debe ser el interés de todos.
En la medida en que la democracia no abole la relación política entre gobernantes y gobernados al tratarse de un sistema de gobierno de las mayorías, es fundamental que exista la homogeneidad social para que esta forma política pueda subsistir. La identidad sustancial común sobre la que se fundamenta la igualdad de todos los miembros de la comunidad política es el cemento que cohesiona a la sociedad en este sistema. De esta forma, se elimina la diversidad de intereses al reducirlos a esta identidad común a partir de la que se configura la voluntad general. Se implanta así un interés idéntico entre todas las partes que hace posible la formación de la voluntad general, pero sobre todo la identificación de los gobernados con los gobernantes y, así, el sometimiento de la minoría a la mayoría.
Tal y como ha sido explicado en otra parte, la democracia directa contempla el uso de la fuerza para aplicar las decisiones tomadas en la asamblea popular.[1] Sin embargo, la violencia, ya sea su uso o la amenaza creíble de su uso, no puede ser el único recurso para que los acuerdos de la asamblea se ejecuten. También es necesaria la colaboración de quienes en las votaciones no estuvieron en el lado de la mayoría que expresó la denominada voluntad general. Por este motivo la homogeneidad es tan importante, porque favorece el consentimiento de las minorías a las decisiones de las mayorías, así como su identificación con estas últimas y con la voluntad general. De esta forma, la democracia implica la aceptación de la voluntad general incluso cuando la voluntad del individuo no coincide con esta. Esto se debe a que el ciudadano concede su aprobación al resultado de una votación y no a un contenido concreto.
La homogeneidad social, además de ser una precondición para la democracia directa, también es algo perseguido activamente a través de la represión de la diferencia al ser considerada la negación existencial de la identidad sustancial sobre la que se cimenta la identidad colectiva. La conceptualización de los Otros como enemigos, es decir, aquellos que no forman parte de la comunidad en tanto sujetos portadores de derechos políticos, es lo que justifica la represión de estas personas que son consideradas una amenaza existencial. No es factible, desde el punto de vista democrático, la coexistencia de identidades dispares con los mismos derechos políticos en una misma comunidad, pues esto imposibilita la existencia de un interés común que permita la expresión de la voluntad general.
No hay que olvidar que el sistema de votaciones, así como otros mecanismos para configurar la voluntad general, tales como la aclamación o el plebiscito, exigen un contexto de homogeneidad social en el marco de la democracia directa. De esta forma, se puede crear un elevado nivel de consentimiento a las decisiones de la mayoría, de manera que la minoría se subordine voluntariamente a la mayoría. Pero también facilita la identificación entre gobernantes y gobernados más allá de las discrepancias que pudiera reflejar la ausencia de unanimidad en una votación. Por tanto, la coexistencia de identidades diferentes en la misma comunidad obstaculiza, y en última instancia impide, la expresión de la voluntad general debido a la heterogeneidad social en términos de identidad y de intereses. No es factible la identificación entre gobernantes y gobernados cuando en el seno de la comunidad existe una minoría con una identidad política diferente, lo que al mismo tiempo dificulta la cooperación entre gobernantes y gobernados, además de restar legitimidad a las decisiones adoptadas por la asamblea que pueden así ser cuestionadas.
El principio democrático de las mayorías legitima la eliminación de las diferencias, y la supresión de la heterogeneidad encuentra su concreción en todo tipo de procedimientos represivos. Estos pueden tener una dimensión ideológica, religiosa, étnica, cultural, económica, etc. Así, la democracia directa es capaz de desarrollar escenarios semejantes a los perpetrados por los sistemas totalitarios, lo que incluye la limpieza étnica, las purgas ideológicas, las persecuciones religiosas, etc.[2] De esta manera, se persigue configurar una base social homogénea y compacta, y establecer así las condiciones que favorezcan la unanimidad en el seno de la comunidad.
La democracia directa no reconoce que el individuo tenga derechos frente a la comunidad, por lo que la represión de toda diferencia está justificada desde el punto de vista de que la voluntad general siempre tiene razón. El individuo no tiene derecho a resistirse a esta voluntad, como tampoco a tener una identidad diferente a la del grupo. En este sentido, puede afirmarse que la homogeneización que persigue la democracia implica simultáneamente la despersonalización del individuo, pues este queda disuelto en la identidad sustantiva del grupo que es, a su vez, la que define la identidad política de la comunidad.
Por otra parte, la democracia directa utiliza la educación como procedimiento para generar una sociedad homogénea. La inculcación de una determinada identidad, sea cultural, ideológica, etc., es fundamental para la preservación del propio sistema político. La educación implanta la identidad del grupo en el individuo, pero también su lealtad al propio grupo, lo que facilita el consentimiento de la voluntad general y del propio sistema. A través de la educación el individuo es construido a imagen y semejanza del colectivo, lo que forma parte del proceso de estandarización con el que la democracia impone la homogeneidad social. Asimismo, la educación moldea la llamada voluntad general a través de la opinión pública, lo que se combina con la propaganda. Este condicionamiento del individuo a través del adoctrinamiento colectivo al que es sometido, anula las diferencias y particularidades del sujeto, y lo convierten en un apéndice de la comunidad.
La anarquía, por el contrario, asume el carácter plural, diverso y heterogéneo de la sociedad al constituir un modelo de sociedad en el que la identidad particular de la persona o de un determinado colectivo no es problematizada y, por tanto, convertida en una cuestión política. De hecho, el anarquismo constituye una ideología de procesos que propone un tipo de organización social diferente, con ausencia de coacciones, y que no contempla la transformación del individuo conforme a una determinada identidad política colectiva. Esto se debe a que la política no es considerada el principal plano de la existencia del individuo, sino una esfera más entre muchas otras. Cada individuo tiene autonomía para dotarse de su propia identidad y personalidad, el anarquismo no le dice cómo debe ser porque esto es en gran medida irrelevante para un orden anárquico y porque sería atentar contra la libertad del individuo. Y entonces ya no sería anarquía.
La anarquía se fundamenta en la libre asociación, el libre acuerdo y las relaciones sociales basadas en la cooperación voluntaria. El ámbito político, donde se definen las normas de convivencia de la sociedad, se caracteriza por ser un espacio de negociación en el que se reconocen los intereses diversos que configuran la comunidad, lo que da lugar a la realización de concesiones que permiten la consecución de consensos y acuerdos que integran esa diversidad. La anarquía no contempla la imposición, tal y como ocurre en la democracia, razón por la que es necesaria la búsqueda de acuerdos a través de la deliberación y de la negociación.
Por el contrario, la democracia, al no aceptar una sociedad plural, no reconoce la legitimidad de la existencia de intereses particulares. Como consecuencia de esto busca reprimirlos por diferentes medios como los antes citados para implantar una identidad colectiva sustantiva que los anule y, así, lograr la homogeneidad social. La anarquía, en cambio, sí considera estos intereses como legítimos, de manera que las cuestiones comunes que atañan a la convivencia social se desenvuelven a través de la negociación, las concesiones y el pacto. En este sentido, la cohesión social no es buscada a través de mecanismos represivos que aspiran a implantar una homogeneidad social articulada en torno a una identidad política común, sino por medio de deliberaciones que conduzcan a acuerdos que integren la diversidad de intereses. El anarquismo no plantea que la identidad de alguien, se trate de un individuo o de un colectivo, sea por necesariamente una amenaza existencial para el resto, pues la identidad es un asunto que no le compete a la comunidad, sino a las personas consideradas individualmente, independientemente de que por razones de afinidad se asocien y formen colectivos específicos en base a una determinada identidad común.
Asimismo, el anarquismo reconoce que la diversidad social hace que las personas decidan asociarse a grupos específicos y comunidades diferenciadas por razones de afinidad. Esto no es problematizado porque el anarquismo aboga por una sociedad descentralizada y plural, basada en una convivencia no forzada. De este modo, la cohesión social se configura a partir de esas afinidades que existen entre los miembros de una comunidad o colectivo. El ser humano es social, y busca estar con aquellas personas con las que se siente identificado y de las que, a su vez, recibe un reconocimiento como parte del grupo. Así, las identidades compartidas son un elemento de cohesión espontánea entre personas y colectivos, y no algo políticamente impuesto por una asamblea popular soberana, como ocurre con la democracia directa.
En anarquía cada comunidad es diferente de acuerdo con la cultura, ideas, creencias, etc., que comparten sus integrantes y que conforman su identidad colectiva. Esto supone, asimismo, la existencia de normas sociales diferenciadas en cada comunidad sobre las que se articula la convivencia social. Cada comunidad, por tanto, decide en qué condiciones se basa la participación política y la pertenencia a la misma, lo que en última instancia es el resultado de la unión espontánea de individuos por razón de su afinidad. En ningún caso, como se ha dicho, una asamblea popular soberana es la que determina la identidad política sustantiva de los integrantes de la comunidad como sucede en la democracia directa.
En definitiva, la democracia directa constituye una abierta negación de la autonomía del individuo y un atentado a su integridad moral al negarle la posibilidad de disponer de su propia personalidad. Se trata de un régimen tiránico que persigue la homogeneidad social para sobrevivir a largo plazo, para lo que no duda en utilizar la represión de otras identidades que son representadas como una amenaza existencial. La anarquía, por el contrario, asume la espontánea unión de individuos en la formación de comunidades en base a su afinidad, de lo que se derivan una serie de normas sociales compartidas que definen en cada caso las condiciones de la participación política. Además, la anarquía asume como algo natural la pluralidad de la sociedad y reconoce la existencia de intereses diferentes. En lugar de buscar la destrucción de la heterogeneidad, la anarquía plantea la coexistencia de estas diferencias sobre la base de una convivencia social no forzada, la cual se articula a través del libre pacto y de la libre asociación.
[1] “Crítica a la democracia directa (V): la soberanía”.
[2] Esto ya fue ampliamente tratado en “Demofascismo”.